Relaciones Internacionales y Seguridad
> Ensayo académico
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Rodolfo Alejandro García
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), Argentina
RECIBIDO: 30 de marzo de 2026
ACEPTADO: 12 DE MAYO DE 2026
El presente artículo analiza la transformación estructural que los sistemas aéreos no tripulados han introducido en los ámbitos de la defensa, la seguridad interior y las funciones policiales. A partir del conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa y el actual conflicto de Ormuz, se examina el rol de los drones como eje de la superioridad aérea, instrumento de guerra híbrida y vector de seguridad del espacio aéreo bajo. Mediante un enfoque comparado, se estudian las respuestas de la OTAN, la Unión Europea y el caso sudamericano, con especial atención en Brasil y Argentina. Se concluye que la ausencia de una política nacional integral sobre drones constituye una vulnerabilidad estratégica creciente, en tanto fragmenta las capacidades de defensa, seguridad interior y regulación aeronáutica. La incorporación de UAS en la Policía Federal Argentina representa un avance sectorial relevante que requiere integración en un marco estratégico más amplio.
Palabras clave: drones; seguridad; defensa; guerra híbrida; policía; UAS; C-UAS
Drones, Security and Defense
Low-Altitude Airspace Control
This article analyzes the structural transformation that unmanned aerial systems have introduced in the fields of defense, internal security, and police functions. Drawing on the conflict between Ukraine and the Russian Federation and the current conflict in the Strait of Hormuz, it examines the role of drones as a cornerstone of air superiority, an instrument of hybrid warfare, and a key vector for low-altitude airspace security. Through a comparative approach, it explores the responses of NATO, the European Union, and the South American context, with particular attention to Brazil and Argentina. The article concludes that the absence of a comprehensive national UAS policy constitutes a growing strategic vulnerability, insofar as it fragments defense, internal security, and aeronautical regulation capabilities. The incorporation of UAS by the Argentine Federal Police represents a relevant sectoral advance that requires integration into a broader strategic framework.
Keywords: drones; security; defense; hybrid warfare; police; UAS; C-UAS
A mediados del siglo XX, Ray Bradbury imaginó futuros en los que la tecnología, lejos de liberar al ser humano, lo alejaba progresivamente de la responsabilidad moral sobre sus propios actos. En relatos como The Martian Chronicles (Crónicas Marcianas, 1950) y Fahrenheit 451 (1953), Bradbury no describía máquinas que odiaran a la humanidad, sino sistemas técnicos que, al automatizar decisiones críticas, erosionaban la conciencia ética de quienes las controlaban. Estas ficciones advertían sobre un mundo donde la distancia entre la acción y sus consecuencias se volvía cada vez mayor.
En la actualidad, los drones representan una materialización concreta de esa preocupación: dispositivos capaces de vigilar, perseguir y ejecutar acciones letales sin la presencia física del operador en el campo de batalla. Así, lo que Bradbury planteó como una advertencia literaria sobre la deshumanización tecnológica se transforma hoy en un desafío real que exige un análisis técnico, ético y estratégico.
El eje de la superioridad aérea contemporánea ya no reside exclusivamente en plataformas tripuladas, sino en la capacidad de producir, integrar y neutralizar sistemas no tripulados de manera sostenida.
La guerra entre Ucrania y la Federación Rusa constituye el laboratorio empírico más avanzado del empleo masivo de UAS en combate real; y no es el único, por cierto. A diferencia de conflictos previos –donde los drones cumplían funciones auxiliares–, hoy estructuran tanto operaciones ofensivas como defensivas, transformando la lógica misma del poder aéreo (CSIS, 2025; IISS, 2024). Rusia ha privilegiado la saturación mediante municiones merodeadoras de bajo costo, mientras que Ucrania ha desarrollado ecosistemas propios de interceptores y plataformas de largo alcance, configurando una guerra aérea predominantemente no tripulada.
Ahora bien, este fenómeno desborda el plano militar. La proliferación de UAS ha desplazado la amenaza hacia el espacio aéreo bajo, tradicionalmente civil, donde infraestructuras críticas, aeropuertos, fronteras y centros urbanos se convierten en objetivos potenciales de ataques híbridos (EASA, 2023; OECD, 2024).1 En respuesta, la OTAN y la Unión Europea han comenzado a integrar los drones dentro del marco de guerra híbrida, reconociendo su capacidad de generar efectos estratégicos sin guerra convencional abierta (NATO StratCom COE, 2024).
Analizar la transformación estructural que los sistemas aéreos no tripulados (UAS) están generando en los ámbitos de la defensa, la seguridad interior y las funciones policiales, con especial atención al control del espacio aéreo de baja altitud y a sus implicancias estratégicas.
Examinar el impacto de los sistemas UAS en la redefinición de la superioridad aérea contemporánea.
Analizar su rol como instrumentos de guerra híbrida.
Evaluar su incorporación en funciones policiales (ISR).
Comparar respuestas institucionales entre Europa y América del Sur.
Identificar implicancias estratégicas en el caso argentino.
El presente estudio propone que la ausencia de una política nacional integral en materia de sistemas aéreos no tripulados (UAS) podría constituir una vulnerabilidad estratégica, en la medida en que limita la capacidad estatal para enfrentar los desafíos emergentes en defensa, seguridad y función policial.
Para ello, se articula un análisis comparado entre la experiencia ucraniana, las respuestas europeas, además de algunas características que están ocurriendo también en la actualidad en Ormuz y el escenario sudamericano, con especial atención al contraste entre Brasil y Argentina y, sobre todo, se enfatiza la labor de la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, dependiente del Departamento Tecnológico de Video Operativo, subordinada de la Dirección General de Operaciones Técnicas, orgánica de la Superintendencia Federal de Comunicaciones.
El trabajo adopta un enfoque cualitativo comparado, basado en el análisis de casos relevantes: el conflicto en Ucrania, las respuestas institucionales de la OTAN y la Unión Europea, la actual situación en Ormuz y el escenario sudamericano con énfasis en Brasil y Argentina. Se emplean fuentes doctrinales, académicas y empíricas, incluyendo informes institucionales, literatura especializada y análisis de casos contemporáneos.
El análisis de los sistemas aéreos no tripulados en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la función policial requiere ser abordado desde una perspectiva teórica que permita comprender la transformación más amplia que atraviesan los escenarios contemporáneos de conflictividad. En este sentido, el fenómeno UAS no puede ser reducido a una innovación tecnológica puntual, sino que debe ser interpretado como parte de una mutación estructural en la forma en que los estados ejercen el control, proyectan poder y gestionan riesgos.
En primer lugar, los conflictos actuales tienden a desarrollarse en entornos donde se diluyen las fronteras tradicionales entre lo militar y lo no militar. En estos escenarios, las capacidades tecnológicas –y particularmente aquellas de bajo costo relativo y alta adaptabilidad– adquieren un protagonismo creciente. Los sistemas no tripulados se insertan en esta lógica al permitir operaciones flexibles, persistentes y, en muchos casos, de difícil atribución, lo que altera las dinámicas clásicas de disuasión y respuesta. De este modo, la superioridad ya no se define exclusivamente por la posesión de medios convencionales avanzados, sino por la capacidad de integrar tecnologías emergentes en esquemas operativos complejos.
En segundo término, resulta relevante considerar que la acción estatal se despliega crecientemente en un espacio intermedio, donde no se configura una situación de guerra abierta, pero tampoco de plena estabilidad. Este ámbito, caracterizado por la ambigüedad y la gradualidad, favorece el uso de herramientas que permitan ejercer influencia sin escalar el conflicto. En este contexto, los sistemas aéreos no tripulados ofrecen ventajas significativas, en tanto posibilitan intervenciones limitadas, sostenidas en el tiempo y con bajo nivel de exposición política. Esta característica contribuye a redefinir las formas de interacción estratégica entre actores estatales y no estatales.
Por otra parte, la expansión de estas tecnologías ha desplazado la atención hacia dominios que, hasta hace poco tiempo, no constituían una prioridad en términos de seguridad. El espacio aéreo de baja altitud, tradicionalmente asociado a usos civiles, se ha convertido en un ámbito de creciente interés estratégico. En él convergen actividades legítimas –comerciales, logísticas, recreativas– con potenciales usos ilícitos o disruptivos, lo que genera un escenario de alta complejidad regulatoria y operativa. Esta transformación obliga a repensar los mecanismos de control y vigilancia, así como las capacidades institucionales necesarias para gestionarlos.
En este marco, las funciones policiales adquieren una relevancia particular. A diferencia de los ámbitos estrictamente militares, las fuerzas de seguridad operan en entornos donde la proximidad con la población y el respeto por marcos normativos específicos condicionan el uso de la tecnología. La incorporación de sistemas UAS en tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento introduce nuevas posibilidades operativas, pero también plantea desafíos en términos de regulación, coordinación interagencial y protección de derechos. Asimismo, la aparición de usos ilícitos de drones –en actividades criminales o terroristas– exige el desarrollo de capacidades específicas de detección y neutralización, conocidas como C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems, en español se suelen llamar Sistemas Contra-UAS).
Finalmente, resulta necesario considerar que la adopción o ausencia de políticas integrales en materia de sistemas no tripulados incide directamente en la capacidad de los estados para responder a estos desafíos. En contextos donde la tecnología evoluciona con rapidez, la falta de marcos estratégicos y normativos adecuados puede generar brechas significativas entre las amenazas emergentes y las capacidades disponibles. En consecuencia, el estudio de los UAS debe ser comprendido no solo como un análisis técnico-operativo, sino como una dimensión central de la adaptación institucional frente a un entorno de seguridad en permanente transformación.
Durante gran parte del siglo XX, el dominio aéreo se asoció al control del cielo mediante aeronaves tripuladas, sistemas de alerta temprana y defensa antiaérea integrada. La guerra en Ucrania principalmente ha reconfigurado este paradigma: la ventaja estratégica ya no depende principalmente de la calidad de plataformas, sino de la capacidad de producir drones en masa, integrarlos en sistemas de mando y control, y reponer pérdidas con rapidez industrial (CSIS, 2025).
Las municiones merodeadoras rusas ilustran esta transformación. Su empleo sistemático busca saturar defensas costosas, degradar infraestructura crítica y erosionar la moral civil, obligando al adversario a gastar interceptores de alto valor contra amenazas de bajo costo unitario (IISS, 2024). Ucrania ha respondido mediante una lógica simétrica: interceptores no tripulados, guerra electrónica y defensas escalonadas de menor costo relativo.
Este ciclo revela un cambio estructural en la economía política del combate aéreo. La eficacia ya no se mide por la supremacía tecnológica individual, sino por la resiliencia industrial, la capacidad de aprendizaje táctico acelerado y la adaptación doctrinal bajo presión. En este contexto, la superioridad aérea se redefine como un sistema dinámico de generación tecnológica continua.
La expansión del fenómeno al dominio marítimo refuerza esta lógica multidominio. Los drones navales han permitido a Ucrania infligir costos estratégicos a una flota superior, demostrando que los sistemas no tripulados actúan como nodos transversales que integran reconocimiento, ataque y disrupción logística (IISS, 2024). La guerra distribuida,2 de bajo perfil y alta redundancia, emerge como patrón dominante.
Más allá del daño físico, los UAS se consolidan como herramientas centrales de la guerra híbrida. Su principal valor estratégico reside en la ambigüedad: permiten acciones coercitivas graduales, con negación plausible y efectos psicológicos desproporcionados, complicando la atribución y la respuesta estatal (Hoffman, 2007; NATO StratCom COE, 2024).
Los drones facilitan operaciones en la denominada “zona gris”, donde los estados buscan modificar conductas adversarias sin desencadenar conflictos abiertos. Incursiones repetidas, ataques a infraestructura crítica y amenazas persistentes obligan a inversiones defensivas crecientes, erosionando capacidades y confianza pública sin cruzar umbrales clásicos de guerra.
Esta lógica explica su creciente uso en entornos no militares. Aeropuertos, redes energéticas, puertos y eventos masivos se transforman en blancos estratégicos de bajo costo operativo y alto impacto político. Los UAS, en este sentido, no solo destruyen: reconfiguran percepciones de seguridad, prueban límites institucionales y fuerzan respuestas que pueden resultar económicamente insostenibles.
La creciente interacción tecnológica entre actores estatales en distintos teatros de operaciones evidencia una transferencia acelerada de capacidades en materia de sistemas no tripulados, consolidando un modelo de guerra convergente donde la experiencia operativa en Ucrania comienza a replicarse en otros escenarios estratégicos (McGurk, 2026).
A continuación, y al solo fin de ilustrar las características de un dron militar, se enumeran sus principales características, tal el caso del Heron 1 (Figura Nº 1). Este tipo de drones fue utilizado en la zona del Sahel (África). La Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) inició el despliegue de estos drones en noviembre de 2016, tras la firma de un contrato en el cual se alquilaron unidades Heron 1 y su sistema de control para operaciones en la República de Malí, en el marco de MINUSMA.3 Estas aeronaves realizaron vuelos de reconocimiento durante varios años. Para diciembre de 2022, habían acumulado más de 2.202 vuelos operacionales y más de 21.000 horas de vuelo en apoyo de la misión. El despliegue finalizó formalmente en julio de 2023, cuando la Fuerza Aérea alemana puso fin a la misión de los Heron 1 dentro de la MINUSMA, como parte de la retirada progresiva del contingente alemán en esa Misión.
El Heron 1, desarrollado por Israel Aerospace Industries, se inscribe dentro de la categoría de aeronaves no tripuladas de media altitud y larga duración (MALE), concebidas para misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento estratégico. Su diseño prioriza la estabilidad de vuelo, la autonomía extendida y la capacidad de portar sensores modulares adaptables a múltiples perfiles operativos.
En términos de rendimiento, la plataforma puede permanecer en el aire durante más de 40 horas continuas, alcanzando altitudes operativas superiores a los 9000 metros, lo que le permite operar fuera del alcance de amenazas convencionales de baja tecnología y cubrir extensas áreas territoriales en una sola misión. Su configuración aerodinámica de gran envergadura favorece la eficiencia energética, clave para misiones persistentes de frontera y control de espacios amplios.
Desde el punto de vista tecnológico, el Heron 1 incorpora sistemas electro-ópticos, infrarrojos y radares de apertura sintética, combinados con enlaces de datos seguros de largo alcance que transmiten información en tiempo real a centros de comando. Esta arquitectura permite integrar la plataforma en redes C4ISR modernas, facilitando análisis inmediato y coordinación interinstitucional.
Operativamente, ha sido empleado por diversas fuerzas armadas y agencias estatales en misiones de control fronterizo, lucha contra el crimen organizado, vigilancia marítima y apoyo a operaciones de seguridad interna, consolidándose como un referente de la transición desde el dron exclusivamente militar hacia usos duales en defensa y seguridad pública (IAI, 2024; Bundeswehr, 2023).

Figura Nº 1. Imagen ilustrativa del Heron 1.
Fuente: Fotografía de Calips (2009), en Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DRONE_HERON_01.jpg).
La proliferación de UAS ha convertido la baja altitud en un nuevo frente de confrontación estratégica. Históricamente gestionado por autoridades civiles, este espacio se ha visto desbordado por amenazas militares, criminales y terroristas para las cuales los sistemas tradicionales de vigilancia resultan insuficientes (EASA, 2023).
La experiencia ucraniana visibilizó una vulnerabilidad estructural: ataques desde baja altura pueden penetrar defensas sofisticadas, saturar sistemas de respuesta y generar disrupciones masivas en infraestructuras críticas. En consecuencia, el control del bajo cielo4 ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un problema de seguridad nacional y resiliencia institucional (OECD, 2024). La OTAN ha respondido reforzando capacidades de detección, acelerando programas contra-UAS (C-UAS)5 y promoviendo una mayor integración entre fuerzas armadas y agencias civiles. El énfasis doctrinal se desplaza de la defensa del espacio aéreo alto hacia arquitecturas de respuesta escalonadas, capaces de enfrentar amenazas baratas sin colapsar financieramente al defensor (IISS, 2024).
Paralelamente, la Unión Europea impulsa una aproximación sistémica, orientada a estandarizar sensores, compartir información y construir redes cooperativas de defensa C-UAS. Esta arquitectura común reconoce que el riesgo UAS es transversal y afecta simultáneamente sectores críticos, desde transporte hasta energía y seguridad urbana (OECD, 2024).
Una de las principales consecuencias estratégicas del fenómeno dron es la convergencia progresiva entre defensa externa y seguridad interior. Las amenazas suelen manifestarse inicialmente en ámbitos civiles –aeropuertos, ciudades, fronteras– obligando a una respuesta integrada entre fuerzas armadas, policías, autoridades aeronáuticas e inteligencia (EASA, 2023).
La experiencia europea demuestra que la falta de coordinación temprana produce respuestas fragmentadas, más costosas y menos legítimas socialmente. En contraste, las arquitecturas cooperativas permiten detección anticipada, atribución más clara y uso proporcional de la fuerza, reduciendo riesgos de escalamiento y de militarización excesiva del espacio civil (OECD, 2024).
Este continuum emergente redefine la gobernanza de la seguridad contemporánea. El control del espacio aéreo bajo se convierte en una función estructural del Estado moderno, donde prevención, regulación democrática y capacidad tecnológica se articulan como pilares inseparables.
La expansión de los sistemas aéreos no tripulados no sólo ha transformado la guerra, sino también las funciones policiales contemporáneas. El espacio aéreo de baja altitud –históricamente marginal para la seguridad pública– se ha convertido en un ámbito operativo cotidiano donde convergen drones civiles, comerciales, estatales y criminales. Esta democratización tecnológica, caracterizada por bajos costos y alta disponibilidad, ha forzado a las fuerzas policiales a asumir un rol estructural como primer escalón de respuesta frente a incidentes con UAS (UNODC, 2023).6
Uno de los principales vectores de adopción es su empleo como plataformas de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).7 Los drones permiten vigilancia persistente, monitoreo dinámico de zonas urbanas densas y cobertura de áreas rurales extensas con menor exposición del personal (CISA, 2025). En búsqueda y rescate, el uso de sensores térmicos e infrarrojos reduce tiempos críticos y aumenta la probabilidad de éxito operativo.
Sin embargo, esta expansión funcional exige límites normativos explícitos. La legitimidad democrática del uso policial de drones depende del respeto a principios de necesidad, proporcionalidad y control judicial, evitando derivas hacia vigilancia indiscriminada o erosión de derechos fundamentales (EASA, 2023; Finn & Wright, 2016). La tecnología incrementa capacidades, pero también amplifica responsabilidades institucionales.
La otra cara del fenómeno es la apropiación por actores no estatales. El UNODC documenta un uso creciente de UAS para contrabando, transporte de estupefacientes, vigilancia previa de objetivos y evasión de controles fronterizos (UNODC, 2023). En regiones con fronteras extensas y baja densidad de vigilancia, los drones amplían significativamente el espacio operativo del crimen organizado. Frente a esta amenaza, las fuerzas policiales han comenzado a incorporar capacidades contra-UAS (C-UAS), que incluyen detección por radiofrecuencia, radares de corto alcance, sensores acústicos e interferencia electrónica (CISA, 2025).
La función policial en este ámbito no es necesariamente la neutralización cinética inmediata, sino la detección temprana, identificación y coordinación interagencial para evitar escaladas desproporcionadas.
El dilema central es económico y político. Neutralizar amenazas baratas con sistemas costosos es insostenible en el largo plazo (IISS, 2024). Por ello, la arquitectura defensiva tiende hacia soluciones escalonadas y de bajo costo relativo, combinando guerra electrónica, interceptores económicos y protocolos de respuesta proporcional. La gobernanza del espacio aéreo bajo se convierte así en un problema estructural de política pública.
Aunque América del Sur no enfrenta conflictos interestatales comparables a Europa oriental, ello no implica inmunidad estratégica. La reducción de barreras de entrada al espacio aéreo bajo empodera actores criminales y redes transnacionales, elevando el costo potencial de una reacción tardía (OECD, 2024).
En Sudamérica, el desarrollo de drones en el ámbito policial presenta una dinámica heterogénea pero convergente, donde países como Brasil, Colombia y Chile lideran la incorporación operativa de estas tecnologías en funciones de vigilancia, inteligencia y control del orden público (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023, p. 41; Stockholm International Peace Research Institute, 2024, p. 112). En particular, el caso colombiano se distingue por su carácter dual, al constituir simultáneamente un escenario de innovación estatal y de adaptación por parte de actores criminales y grupos armados no estatales, quienes han incorporado sistemas no tripulados con fines ofensivos y de inteligencia (International Crisis Group, 2023, p. 7). Este fenómeno evidencia que la proliferación de drones ha alterado de manera sustantiva la relación entre capacidades ofensivas y defensivas, reduciendo las barreras de acceso al poder aéreo táctico y facilitando la generación de efectos desproporcionados por parte de actores con recursos limitados (Boyle, 2020, p. 15; Gettinger, 2019, p. 9). En consecuencia, los sistemas no tripulados deben ser comprendidos no solo como herramientas tecnológicas, sino como vectores de transformación estructural del entorno de seguridad contemporáneo, particularmente en el espacio aéreo de baja altitud, donde convergen dinámicas de criminalidad organizada, conflicto híbrido y nuevas formas de violencia armada (McGurk, 2026, párr. 6).
Brasil destaca por una aproximación más integral. La creación de una Escuela de Drones de la Infantería de Marina y la adaptación progresiva del SISFRON8 para incorporar capacidades C-UAS reflejan una institucionalización doctrinal sostenida (Marinha do Brasil, 2025). Este enfoque sugiere anticipación estratégica: formación especializada, integración tecnológica y respaldo presupuestario como pilares de resiliencia.
En contraste, Argentina presenta avances sectoriales –como la incorporación de UAS en la PFA– pero aún carece de una política nacional integral que articule defensa, seguridad interior y regulación aeronáutica bajo una doctrina común. La experiencia internacional demuestra que la fragmentación institucional incrementa vulnerabilidades ante crisis híbridas (OECD, 2024).
Dada la extensión territorial argentina, la porosidad fronteriza y la participación en misiones de paz –donde los drones han demostrado ser amenazas letales directas contra personal desplegado (Naciones Unidas, 2025)– la ausencia de integración estratégica puede traducirse en costos operativos y político-regionales significativos.
En el ámbito de la seguridad pública y la defensa del espacio interno, los sistemas aéreos no tripulados han evolucionado desde plataformas de observación puntual hacia herramientas integradas en arquitecturas de gestión del riesgo, comando y control y apoyo operativo multisectorial. Su valor estratégico no radica únicamente en la captura de imágenes, sino en su capacidad para ampliar la conciencia situacional, reducir la exposición de personal y optimizar la toma de decisiones en escenarios dinámicos (CSIS, 2025; CISA, 2025).
En primer lugar, los drones se han consolidado como instrumentos centrales en operaciones de vigilancia persistente y reconocimiento táctico, permitiendo el monitoreo prolongado de zonas urbanas críticas, corredores logísticos y áreas de alta conflictividad sin recurrir a medios tripulados de alto costo operativo. Esta vigilancia aérea de bajo perfil contribuye a detectar patrones de movilidad criminal, concentraciones anómalas de personas y actividades ilícitas emergentes, fortaleciendo la prevención situacional del delito (EASA, 2023).
En segundo lugar, su empleo como plataformas de apoyo directo a operaciones policiales y de protección civil ha demostrado impactos positivos en gestión de crisis, persecuciones de alto riesgo, control de disturbios y búsqueda de personas desaparecidas. La visualización aérea en tiempo real mejora la coordinación interagencial y reduce la necesidad de intervención física inmediata, disminuyendo tanto riesgos operativos como daños colaterales.
En tercer lugar, el uso de drones en tareas de análisis forense y reconstrucción de escenas complejas, particularmente en accidentes de gran escala, atentados o catástrofes urbanas. Mediante fotogrametría y mapeo tridimensional, estas plataformas permiten documentar con precisión milimétrica espacios afectados, fortaleciendo la cadena de custodia probatoria y acelerando investigaciones judiciales.
Finalmente, en el plano de la gestión estratégica del riesgo, los UAS se integran progresivamente en sistemas de protección de infraestructuras críticas –puertos, aeropuertos, centrales energéticas y redes de transporte– donde actúan como sensores móviles capaces de detectar intrusiones, sabotajes o amenazas híbridas. Este uso refuerza la transición desde modelos reactivos de seguridad hacia esquemas preventivos basados en monitoreo continuo y análisis predictivo (CISA, 2025).
La División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de PFA, creada en 2006, es la unidad cabecera en la Fuerza, a cargo del registro, control y fiscalización de equipamiento de drones y pilotos policiales desde el año 2014.
La misión de esta unidad es asegurar el normal funcionamiento de los sistemas técnicos asociados a las comunicaciones aeronáuticas. Entre sus funciones, se destaca la adquisición de imágenes desde el aire mediante aeronaves tripuladas y no tripuladas, su grabación y transmisión hacia el comando institucional. Asimismo, lleva el registro, control y fiscalización del equipamiento de los vehículos aéreos no tripulados (VANT)9 y los pilotos designados en la institución. Cumple también funciones de nexo entre la PFA y la ANAC en lo concerniente a los sistemas VANT.
En la actualidad, la División cuenta con una flota de vehículos aéreos no tripulados equipados con sensores térmicos y capacidad operativa nocturna y ante condiciones meteorológicas adversas. Entre otros escenarios operativos, se destaca el uso de tecnología VANT en allanamientos, diligencias judiciales, tareas investigativas, búsqueda de personas, manifestaciones, constatación de delitos ambientales, servicios de avanzadas para dignatarios y custodia presidencial, fotogrametría 3D, cooperación en la investigación de escenarios de gran relevancia mediante la creación de gemelos digitales (Figura Nº 2).
Por último, la División desarrolla actividades de investigación, desarrollo y capacitación continua interfuerzas, orientadas a fomentar buenas prácticas en el uso de sistemas VANT en las fuerzas de seguridad.

Figura Nº 2. Presentación de flota VANT de última generación (drones térmicos y aptos para soporte en caso de lluvias). Fuente: División Vídeo y Comunicaciones Aeronáuticas – PFA.
El período 2025-2026 evidencia una aceleración tecnológica que refuerza el carácter estructural del fenómeno. Las innovaciones combinan mayor autonomía, resiliencia frente a interferencias, enjambres cooperativos y sistemas de navegación en entornos GNSS-denied10 (Chivers, 2026; El Universo, 2025).
La incorporación de inteligencia artificial en fases terminales de identificación y ataque reduce el ciclo de decisión y plantea interrogantes éticos y jurídicos sobre delegación algorítmica de funciones letales. Más allá del debate normativo, el efecto estratégico es claro: acortamiento del tiempo de reacción y mayor dificultad de neutralización.
Simultáneamente, la defensa anti-drones evoluciona hacia soluciones de energía dirigida, arquitecturas modulares y sistemas en red capaces de enfrentar saturación masiva (Infobae, 2025). Sin embargo, la experiencia de guerra muestra que incluso sistemas de alta gama requieren complementos de “último metro” por razones de economía y densidad de amenaza (Servaes, 2026).
El resultado es un ciclo permanente de innovación–contramedida que reconfigura el equilibrio ofensivo–defensivo en el dominio aéreo bajo. La ventaja ya no es estática; depende de capacidad industrial, adaptación doctrinal y resiliencia tecnológica.
El análisis desarrollado permite afirmar que los sistemas aéreos no tripulados han dejado de ser capacidades accesorias para convertirse en un factor estructural del poder y la seguridad en el siglo XXI. La guerra en Ucrania o el presente conflicto en Ormuz actúan como laboratorios estratégicos que anticipan dinámicas proyectables hacia la seguridad colectiva, la seguridad interior y las funciones policiales (CSIS, 2025; IISS, 2024). La evidencia comparada demuestra que su impacto trasciende el ámbito militar, proyectándose hacia la seguridad interior y la función policial.
En este contexto, la capacidad estatal ya no se define exclusivamente por la posesión de medios, sino por la integración de tecnología, doctrina y organización institucional.
La ausencia de una política nacional integral en materia de drones podría traducirse, en consecuencia, en una vulnerabilidad estratégica creciente. Prospectivamente, la evolución de estas tecnologías sugiere la necesidad de adoptar enfoques anticipatorios, capaces de integrar dimensiones operativas, normativas y éticas.
El desafío no radica únicamente en el desarrollo tecnológico, sino en la capacidad de los estados para gobernar sus efectos en entornos complejos y dinámicos. La capacidad de producir, desplegar, reponer y neutralizar UAS a escala constituye hoy un criterio decisivo de resiliencia estatal. Asimismo, los drones se integran orgánicamente a estrategias de guerra híbrida, generando efectos estratégicos con ambigüedad y bajo costo relativo (NATO StratCom COE, 2024). En consecuencia, la aseguración progresiva del “espacio aéreo bajo” redefine la gobernanza contemporánea. Informes de EASA y OECD coinciden en que la proliferación de UAS transforma este espacio en un frente estratégico donde convergen amenazas militares y criminales (EASA, 2023; OECD, 2024).
Desde la perspectiva policial, los drones operan como multiplicadores de capacidades en ISR, búsqueda y rescate, gestión de eventos y reconstrucción forense, pero exigen marcos regulatorios robustos que garanticen proporcionalidad y control democrático (UNODC, 2023; Finn & Wright, 2016).
El uso de drones también ha redefinido la dinámica del actual conflicto en Medio Oriente al introducir una forma de combate más flexible, constante y menos dependiente de la presencia humana directa. En el estrecho de Ormuz, ataques con sistemas no tripulados contra buques comerciales –como los registrados en 2021 y los ocurridos en 2026 contra los petroleros MKD VYOM y Sonangol Namibe– evidencian la proyección de esta tecnología hacia el dominio marítimo y la disrupción del comercio internacional (Infobae, 2026).
Estos dispositivos permiten realizar tanto vigilancia continua como ataques selectivos en lapsos muy cortos, lo que acelera la toma de decisiones y la frecuencia de las confrontaciones. Desde esta perspectiva, esto no solo incrementa la intensidad de los conflictos, sino que también complica la distinción entre objetivos militares y civiles, generando dilemas éticos y legales cada vez más difíciles de abordar en la guerra contemporánea.
En este sentido, el verdadero punto de inflexión no radica únicamente en la incorporación tecnológica de los drones, sino en la redefinición de la función policial como actor primario en la gobernanza del espacio aéreo bajo, desplazando parcialmente el monopolio tradicional de la defensa hacia esquemas híbridos de seguridad.
Brasil ha avanzado hacia una anticipación institucionalizada, mientras Argentina enfrenta el desafío de integrar doctrina, formación y regulación en una política nacional afín. La evidencia comparada demuestra que la anticipación reduce costos estratégicos futuros (OECD, 2024).
Como ya se ha expresado, la PFA incorpora gradualmente el uso de vehículos aéreos no tripulados en el ámbito de investigaciones y apoyo táctico. Según ha señalado el responsable de la División, subcomisario Ariel Kopriva, la PFA opera sistemas con cámaras térmicas y teleobjetivos en áreas como investigación criminal, diligencias judiciales y búsqueda de personas (citado en Quórum, 2025). La existencia de cursos de formación para operadores de drones y el despliegue operativo demuestran que la PFA no está ausente de este fenómeno tecnológico (PFA Oficial, 2023; Quórum, 2025).
El análisis también evidencia que los drones no solo fortalecen a los estados, sino que empoderan a actores no estatales, en particular organizaciones criminales transnacionales. Argentina necesita de una política nacional integral sobre drones con una doctrina que articule defensa, seguridad interior y regulación aeronáutica.
Esto resulta particularmente importante si se considera la extensión del territorio, la porosidad fronteriza y la participación argentina en misiones de paz, donde los drones también están demostrando ser una amenaza letal directa para el personal desplegado (ONU, 2025).
En la conclusión general, se puede sostener que el ciclo contemporáneo “amenaza-respuesta” en el dominio aéreo no tripulado está convergiendo hacia un modelo de defensa escalonada donde
(i) los drones dejan de ser un “multiplicador táctico” aislado para convertirse en infraestructura permanente de vigilancia y control territorial (tal como muestra el acuerdo argentino-paraguayo basado en sensores, radares y drones para monitoreo en tiempo real) (El Cronista, 2026, párr. 4-7);
(ii) la guerra de Ucrania acelera una transición cualitativa hacia autonomía algorítmica en la fase terminal –capaz de degradar la eficacia de la guerra electrónica y acortar drásticamente el tiempo de decisión– lo que eleva los riesgos de escalamiento, atribución y responsabilidad por daños (Chivers, 2026, párr. 6-12);
(iii) la masificación de UAS obliga incluso a actores con alta densidad antiaérea a reintroducir soluciones de “último metro” (armas ligeras, escopetas y munición especializada) por razones de saturación y economía de la intercepción (Servaes, 2026, párr. 1-4).
Para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad argentinas, el corolario estratégico es claro: afrontar ciberamenazas y amenazas asociadas a sistemas no tripulados exige integrar doctrina, capacitación y adquisiciones bajo un enfoque multidominio, donde la ciberdefensa no sea un “anexo” tecnológico sino el soporte de resiliencia operativa (mando y control, enlaces, navegación, protección de datos, gestión de incidentes) y donde la defensa anti-drones (o C-UAS) combine capacidades de detección, guerra electrónica y respuesta cinética proporcional, con estándares de empleo, control y rendición de cuentas compatibles con el marco jurídico nacional e internacional (El Cronista, 2026, párr. 4-8; Chivers, 2026, párr. 13-18; Servaes, 2026, párr. 5-7).
A partir de estos hallazgos, se concluye que la adaptación al fenómeno de los drones no puede abordarse de manera fragmentaria ni reactiva. Por el contrario, resulta imprescindible el diseño de políticas nacionales integrales, que articulen dimensiones doctrinales, operativas, regulatorias, formativas e industriales. La evidencia comparada demuestra que los estados que anticipan estas transformaciones preservan mayor margen de control político y reducen los costos sociales, económicos y estratégicos asociados a crisis futuras (OECD, 2024, p. 49).
El análisis desarrollado permite anticipar que la evolución de los sistemas no tripulados continuará superando los marcos normativos e institucionales existentes. En este sentido, la anticipación estratégica deja de ser una opción para convertirse en una condición de resiliencia estatal frente a un entorno de seguridad en permanente transformación.
Por todo ello, puede sostenerse que los drones no constituyen una moda tecnológica pasajera, sino el núcleo de una transformación estructural del orden de seguridad contemporáneo global; lo que impone la necesidad de adoptar una actitud estratégica anticipatoria frente a su evolución constante, caracterizada por incrementos en autonomía, letalidad, miniaturización y capacidades de enjambre.
En este sentido, resulta imprescindible asumir que los desarrollos futuros (muchos aún en fase incipiente) obligarán a una reconfiguración integral de los sistemas de defensa y de seguridad a escala internacional, abarcando no solo el ámbito militar sino también, de manera creciente, el de la seguridad pública y policial, donde estos sistemas redefinirán tanto las amenazas como las herramientas de respuesta, exigiendo nuevas doctrinas, marcos normativos y capacidades operativas.
En particular, en lo que respecta a la convergencia entre drones e inteligencia artificial, puede sostenerse que se ha abierto a nivel global una verdadera “caja de Pandora”, cuyos efectos finales permanecen inciertos. Sin embargo, existe una certeza estratégica: la irrupción de estas tecnologías habilita la emergencia de nuevas formas de asimetría, donde, como en la metáfora de David frente a Goliat, sistemas de bajo costo relativo pueden generar impactos desproporcionados en términos operacionales y estratégicos.
Esta dinámica se evidencia empíricamente tanto en el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa como en escenarios recientes vinculados a la seguridad del estrecho de Ormuz, configurando un entorno en el que la innovación tecnológica reduce las barreras de entrada al poder militar efectivo. En consecuencia, este proceso impone la necesidad de redefinir en profundidad los esquemas de preparación, educación e instrucción, tanto en el ámbito de la defensa como en el de la seguridad policial, incorporando estas nuevas disciplinas como ejes centrales de la formación profesional contemporánea.
En el ámbito nacional, podría advertirse la necesidad de un sistema más integral de registro, control y trazabilidad de los sistemas aéreos no tripulados (UAS), que permita identificar con mayor precisión su posesión, operación y usos. Si bien la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha avanzado en la regulación de estas tecnologías mediante normativa específica –particularmente a través de la Resolución ANAC Nº 527/2015 y sus actualizaciones–, orientada a ordenar la operación de vehículos aéreos no tripulados en el espacio aéreo argentino, podría sostenerse que subsisten desafíos en términos de institucionalización y control sistémico (ANAC, 2015).
Esta cuestión adquiere especial relevancia si se consideran incidentes registrados a nivel internacional, donde la operación indebida de drones ha afectado la seguridad aeroportuaria. Un caso paradigmático fue la interrupción del aeropuerto de Gatwick Airport en diciembre de 2018, donde la detección de drones no autorizados provocó la cancelación de cientos de vuelos y afectó a más de 100.000 pasajeros, evidenciando la vulnerabilidad de infraestructuras críticas frente a estas tecnologías (BBC News, 2018).
En este sentido, organismos internacionales como la European Union Aviation Safety Agency y la Federal Aviation Administration han desarrollado marcos regulatorios que integran el registro obligatorio de drones, la certificación de operadores, la delimitación de zonas geográficas de exclusión (geofencing) y la implementación de sistemas de identificación remota, con el objetivo de mitigar riesgos en el espacio aéreo de baja altitud (EASA, 2023; FAA, 2021).
En consecuencia, podría considerarse la conveniencia de avanzar hacia esquemas regulatorios más integrados a nivel nacional, que no solo contemplasen el registro de los dispositivos, sino también mecanismos de control efectivo, interoperabilidad institucional y desarrollo de capacidades contra-UAS (C-UAS). Este tipo de enfoques permitiría tal vez articular de manera más eficaz la expansión tecnológica con la protección de infraestructuras críticas y la seguridad operacional del sistema aeronáutico, reduciendo riesgos potenciales para la sociedad en su conjunto.
Al inicio de este artículo se evocó la obra de Ray Bradbury como una advertencia temprana sobre los riesgos de delegar en la tecnología decisiones que comprometen la esencia humana. Al llegar a su cierre, esa referencia adquiere un nuevo sentido. Hoy las máquinas no solo superan al ser humano en tareas específicas –como lo demuestra su dominio sobre los campeones mundiales de ajedrez–, sino que también participan activamente en ámbitos donde están en juego la vida, la responsabilidad y la ética.
Sin embargo, tal como subyace en la obra de Bradbury, la verdadera amenaza no reside en la superioridad técnica de la máquina, sino en la renuncia del ser humano a su propio juicio moral. Frente al avance de sistemas autónomos cada vez más eficaces, la convicción que debe prevalecer es que la tecnología, por poderosa que sea, no puede sustituir al espíritu humano ni a su capacidad de discernimiento. En última instancia, el desafío contemporáneo no es que las máquinas nos superen, sino asegurar que el control, la responsabilidad y la decisión última permanezcan (y deberían permanecer siempre) en manos del ser humano.
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Cita sugerida: García, R.A. (2026). Drones, Seguridad y Defensa. El control del espacio aéreo de baja altitud. Minerva. Saber, arte y técnica, 10(1). Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), pp. 40-61.
García, Rodolfo Alejandro
Doctor en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF); Magister en Defensa Nacional (FADENA , UNDEF - Facultad de Defensa Nacional); Especialista en Docencia Universitaria (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, IUPFA). Contador Público Nacional (Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Económicas, UNL-FCE); Licenciado en Estrategia y Organización (Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, IESE – Escuela Superior de Guerra, ESG). Certificado en Terrorism Studies (St. Andrews University, UK).
1 Los ataques híbridos son acciones ofensivas que se producen en una situación de inestabilidad en la que convergen acciones militares limitadas, violencia irregular, presión política, manipulación informativa, coerción económica, ciberataques y uso de actores no estatales, generando un colapso progresivo de la gobernanza y la seguridad.
2 La guerra distribuida refiere a un modelo de conflicto en el cual las capacidades de combate se dispersan en múltiples nodos autónomos interconectados, reduciendo la dependencia de estructuras jerárquicas centrales y aumentando la resiliencia operativa frente a ataques. El poder militar ya no se concentra en grandes unidades visibles, sino que se fragmenta en múltiples células, plataformas y actores conectados en red, capaces de operar de manera autónoma pero coordinada.
3 La MINUSMA fue una operación de estabilización de las Naciones Unidas creada para apoyar la seguridad, el proceso político y la protección de civiles en Malí tras el colapso del orden estatal en el norte del país y la expansión de grupos yihadistas. Despliegue: abril de 2013. Retirada y cierre definitivo: diciembre de 2023.
4 En estudios de defensa y seguridad aérea, el control del “bajo cielo” (también denominado low-altitude airspace control) se refiere al dominio, vigilancia y negación del espacio aéreo de baja cota, generalmente por debajo de los 300-1000 metros de altura, donde operan UAV/drones tácticos y comerciales; helicópteros militares y policiales; aeronaves ligeras; municiones merodeadoras (loitering munitions). Es el nivel del espacio aéreo más difícil de vigilar y, al mismo tiempo, más explotado por actores irregulares.
5 En el ámbito de la defensa, la aviación militar y la seguridad, UAS (Unmanned Aerial System) engloba todo el ecosistema operativo que permite que ese dron funcione como capacidad militar o de seguridad, mientras que UAV se refiere solo al dron como plataforma aérea.
6 UNODC es el acrónimo de United Nations Office on Drugs and Crime (en español: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Es el organismo especializado de la ONU encargado de: combatir el crimen organizado transnacional; enfrentar el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas; prevenir la corrupción; fortalecer sistemas de justicia penal y seguridad pública; analizar amenazas emergentes (entre ellas, el uso criminal de drones).
7 En estudios estratégicos y operaciones militares, ISR es el acrónimo de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, que en español se traduce como: Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Constituye el sistema integrado de obtención, análisis y explotación de información para comprender el entorno operativo, anticipar amenazas y apoyar la toma de decisiones tácticas, operativas y estratégicas.
8 El SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) es un programa estratégico del Ejército de Brasil destinado a vigilar y controlar más de 16.800 km de fronteras terrestres mediante una arquitectura integrada de sensores, comunicaciones e inteligencia (C4ISR). Iniciado en 2012, se encuentra en expansión progresiva por fases.
9 VANT es la denominación institucional de la PFA, equivalente al término UAS utilizado en este artículo.
10 En estudios de defensa, aeronáutica y sistemas autónomos, los entornos GNSS-denied son aquellos donde las señales satelitales de posicionamiento –como GPS u otros sistemas globales– están bloqueadas, degradadas, interferidas (jamming) o manipuladas (spoofing). Por ello, los sistemas de navegación en entornos GNSS-denied son los conjuntos de tecnologías que permiten a aeronaves, drones, misiles o vehículos terrestres orientarse y moverse con precisión sin depender de satélites.